El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó unilateralmente el fin del Estatuto Migratorio que por casi 15 años reguló y protegió los derechos de la comunidad venezolana en Ecuador, en lo que analistas califican como un giro alineado a intereses geopolíticos contrarios a la integración suramericana.

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Mediante el Decreto Ejecutivo 123, firmado este 12 de septiembre, la administración de Noboa da por terminado “en todo su contenido” el histórico acuerdo firmado en 2010 por los entonces presidentes Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela.

Este estatuto, vigente desde 2011, fue un ejemplo de cooperación Sur-Sur, estableciendo un procedimiento simplificado para que ciudadanos venezolanos obtuvieran visas y residencias, facilitando su integración regular y aporte a la sociedad ecuatoriana.

El principio esencial que regía el documento era el reconocimiento de que ninguna persona es ilegal, por lo que rechazaba la criminalización de la migración irregular y promovía la libre movilidad con dignidad. Hacía especial énfasis a la protección de personas en situación de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermos de gravedad.

Sin embargo, el pasado 11 de marzo el presidente Daniel Noboa solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto. La decisión, según la cancillería ecuatoriana se toma tras el “anuncio de suspensión o recorte de algunas fuentes de financiamiento para programas migratorios” y con el objetivo de «fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio».

La consecuencia inmediata es la profundización de la vulnerabilidad para decenas de miles de venezolanos que residen en Ecuador.

A partir de ahora, perderán el amparo de este mecanismo especial y se verán forzados a someterse al régimen migratorio general, más restrictivo y burocrático, aumentando su riesgo de caer en situación irregular y de ser víctimas de explotación o deportación.

Ya desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a ciudadanos de unos cuarenta países, entre ellos Venezuela, para ingresar al país.

Este decreto se enmarca en un alineamiento del gobierno de Noboa a los intereses de Washington y los sectores más conservadores del continente, debilitando significativamente los procesos de unidad e integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.

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